Y no sólo se trata de que el descontrol de las administraciones en cuanto al registro de las certificaciones es manifiesto, sino que además existe una competencia desleal que en la mayoría de las ocasiones linda con la ilegalidad. Numerosas voces (el COAM, el COGITI o Flexo Arquitectos entre otros) han advertido de las inspecciones telemáticas anunciadas en determinadas páginas de cupones alegando que los propietarios carecen de conocimientos en materia constructiva y que los datos no tienen la mínima garantía de veracidad. Por eso, la nueva orden que prepara el Gobierno madrileño y que complementará el RD 235/2013 y la Orden de 14 de junio de 2013 contempla la posibilidad de multar al propietario y a dicha empresa y/o portal de Internet que difunda el anuncio porque, si bien "no es ilegal como tal, [...] no es la forma correcta de hacerlo". Desde las oficinas técnicas del Gobierno Vasco advierten también de que, a pesar de no ser ilegales, estas inspecciones de oído son alegales e irregulares.

El portal idealista/news puntualiza también que, aunque en los casos de compraventa se suele aportar la etiqueta energética debido a la tarea de control del notario, no ocurre lo mismo cuando se alquila el inmueble. Uno de los propietarios consultados por este medio han llegado a reconocer que, dado que ningún organismo oficial, como por ejemplo el IVIMA, se lo ha exigido, no ha realizado los trámites oportunos para disponer de la etiqueta. Y eso que en Madrid se creó un servicio de vigilancia.

Esperemos que la nueva orden que tramitan desde esta comunidad autónoma (ofrecida por ITEGU al final de este artículo) sirva para regularizar y controlar todos estos trámites. En cualquier caso, recordamos que el propietario es el responsable de cualquier irregularidad y que, al menos en una ocasión, también ha sido multado el técnico responsable por falsear los datos de un informe.